Lleida, 9 de diciembre de 2024.
Los empresarios de la Federación del Metal de Lleida han presentado su aportación a la consulta pública previa a la tramitación del Proyecto de Ley de reducción de la duración máxima de la jornada laboral, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital, abierta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las consideraciones del sector respecto a la reducción de la jornada máxima legal semanal de trabajo, de las actuales 40 horas a 37 horas y media, son las siguientes:
- Incremento directo de los costos: En un tejido empresarial como el de España, donde más de 2,8 millones de empresas son microempresas con menos de 10 empleados y el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas (PYMES), se prevé un aumento de costos que podría oscilar en un 6,25%. Esta reducción de la jornada laboral sin ajustar los salarios implicará que, para realizar el mismo trabajo, será necesario contratar más personal, lo que afectará directamente el precio final de los productos y servicios, contribuyendo a la inflación. Además, muchas empresas se verán obligadas a implementar una reorganización interna que pondrá en riesgo su supervivencia, debiendo reorganizar procesos internos, lo que implicará contratar más trabajadores, pero probablemente a través de contratos parciales, con un efecto negativo para la sociedad.
- Invasión de competencias: Reducir la jornada laboral máxima supone una intromisión en las negociaciones colectivas, tal como establece el artículo 37.1 de la Constitución Española, y debilita la negociación colectiva, que ha sido fundamental para mantener la paz social. Aplicar esta medida de manera general no es realista, ya que no contempla la realidad ni las peculiaridades de los diferentes sectores y comunidades autónomas.
- Productividad y competitividad: No existen datos que confirmen que esta medida incrementaría la productividad, especialmente en un tejido productivo dominado por PYMES y sectores como los servicios y el turismo. Por otro lado, en muchas empresas del sector del metal, la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo y no con la eficiencia de los empleados. Como se ha mencionado anteriormente, este aumento de costos se reflejará en el precio final del producto, pero aquellas empresas que no puedan trasladar estos costos adicionales a los precios de sus productos o servicios verán reducidos sus márgenes de maniobra, afectando directamente su competitividad.
En la misma línea se han pronunciado la CEOE y CEPYME, que en un comunicado el pasado 5 de noviembre rechazaron por unanimidad la propuesta del Ministerio, afirmando que “desde la responsabilidad, no pueden apoyar esta propuesta. Modificar por ley cuestiones que son propias de los convenios colectivos, como la reducción de la jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de manera bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”. Puedes leer el comunicado completo para más detalles.
